Una serie de medidas para cuidar el patrimonio de las familias, en el ámbito de la calidad de las construcciones frente a la ocurrencia de terremotos, planteó en Puerto Montt el diputado Patricio Vallespín, jefe de bancada de la DC, quién reconoció la mala legislación que existe en el país respecto a esta materia y que quedó en evidencia a partir del megasismo del pasado 27 de febrero.
Por esta razón, el parlamentario anunció la presentación al Ejecutivo de 4 medidas que apuntan a “fortalecer los derechos de los miles de chilenos que aspiran a la casa propia, de manera que situaciones como las vividas recientemente en nuestro país por el terremoto, no los dejen en la indefención”, explicó.
Para ello, Vallespín propone que exista un seguro obligatorio de sismos o terremotos, que se sumen a los ya existentes de desgravamen e incendio. La idea es que dicha obligación sea impuesta al propietario primer vendedor de cada edificación y que el seguro se extienda por el período en que de acuerdo a la ley vigente es responsable por su calidad.
“El seguro debe estar atado a la edificación, de modo tal que el endoso de la poliza opere en pleno derecho, para que el beneficiario sea siempre el propietario o el acreedor hipotecario a la fecha de acontecer el siniestro”
Agregó que “el seguro debe estar contratado a la fecha de iniciarse la construcción de la edificación, para que sin seguro no se otorguen los permisos de edificación. De esta forma aseguramos que exita mayor fiscalización en el diseño y construcción de la obra y el interés de las empresas aseguradoras por minimizar los riesgos en las obras”
Otra de las medidas planteadas por el diputado democratacristiano, es la creación de un bono de cobertura de los deducibles de seguros siniestrados en viviendas ubicadas en las regiones afectadas, para que el estado solvente todo o parte de los deducibles de aquellas personas que hayan siniestrado sus pólizas de terremoto, a través de un bono, fijando un universo de viviendas por un determinado valor, medida que apunta principalmente a apoyar a familias de sectores medios.
Vallespín también propuso que el Estado se haga cargo de los gastos de demolición de las viviendas más afectadas y se brinde apoyo técnico y financiero a los municipios para realizar estas labores.
Finalmente, Vallespín sostuvo que todas las medidas propuestas, requieren incorporar la Calidad de las Viviendas en la Ley de Defensa del Consumidor y la Mediación Obligatoria.
“La judicialización de los conflictos siempre termina favoreciendo al más fuerte, en este caso las constructoras e inmobliarias, porque los afectados no cuentan con recursos para abordar los costos asociados a un proceso judicial, cuestión que podría resolverse a través de la Mediación Obligatoria de Consumo, que funciona perfectamente en los países desarrollados”, afirmó el legislador.
